Martín Hernández Alcántara/La Jornada de Oriente

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Cooperativa Luz y Fuerza del Centro (LF), el Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC) y más de 30 organizaciones se sumaron a las manifestaciones de indignación por el asesinato de Manuel Gaspar Rodríguez y, por separado, coincidieron en señalar que el activista había recibido amenazas por su defensa del territorio frente a los proyectos mineros, por lo que esa debe ser la principal línea de investigación sobre el crimen.

De hecho, en la plataforma Change ha sido colocada una petición dirigida al gobierno federal y estatal exigiendo “verdad y justicia para el compañero Manuel Gaspar Rodríguez” y a la “Fiscalía General del estado de Puebla que garantice una investigación seria, efectiva, eficaz e imparcial y que lleve a cabo todos los actos de investigación debidos, como investigación de llamadas y mensajes telefónicos recibidos y mandados desde su celular horas previas a los hechos, cámaras de videos públicas y del motel–hotel donde lo encontraron, entrevistas a testigos trabajadores del motel–hotel. Acorde con el derecho de las víctimas a conocer la verdad y obtener justicia”, amén de “castigo a los asesinos materiales e intelectuales”.

En un comunicado conjunto, el SME y la Cooperativa LFC, establecieron que “Manuel Gaspar Rodríguez (…) se venía desempeñando como integrante de la coordinación estatal y de la Comisión de Desarrollo Sustentable del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban (CDHAE AC)”.

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