Mantendrá el Congreso candados contra independientes, acusa Víctor León
Víctor León Rueda, abogado defensor de las candidaturas independientes, anunció que impugnará la reforma que se procesa en el Congreso de Puebla en materia de abanderados sin partido, debido a que mantendrá la mayoría de los candados que incorporó contra la participación ciudadana, como la obligación de reunir las firmas de respaldo de 3 por ciento del listado nominal.
Además, alertó que no existe ninguna intención de regular la cadena de custodia de las cédulas de apoyo, pese a las anomalías que cometió el Instituto Electoral del Estado (IEE) en el manejo de las rúbricas que entregó la ex candidata cívica a la gubernatura Ana Teresa Aranda Orozco en 2016.
A Aranda Orozco le sembraron firmas falsas para impedir su participación y esto fue posible porque no existe ninguna disposición que norme el proceso de resguardo, señaló el litigante, quien tumbó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) diversos candados contra independientes en la elección pasada, como representante jurídico de Ana Teresa Aranda.
La reforma propuesta se queda corta, acusa
La reforma la anunció el presidente del Congreso de Puebla, Jorge Aguilar Chedraui. Sin dar detalles, dijo que la modificación se aprobará antes de que concluya este mes para desaparecer las disposiciones que la SCJN calificó de inconstitucionales. En ese listado no se encuentra el 3 por ciento de las firmas de apoyo.
En entrevista con La Jornada de Oriente, Víctor León lamentó que Jorge Aguilar limite la reforma al Código de Instituciones y Procesos Electorales del estado a las determinaciones de la SCJN, cuando en Chihuahua los legisladores fueron más allá al bajar el número de rúbricas a 1 y 2 por ciento del listado nominal.
“Qué lástima que el Congreso local se limite a dar cumplimiento solo a las cosas que han perdido ante la SCJN por los litigios que promovieron las ex candidatas a la gubernatura Ana Teresa Aranda, Roxana Luna y Blanca Alcalá, y pretendan mantener las disposiciones que ganaron aunque saben que están mal”, censuró.
Suprimir requisitos de territorialidad, exige
Una de las disposiciones que el Congreso tendría que suprimir, indicó, es el requisito de territorialidad que estableció en 2015 para la colecta de los respaldos, ya que el artículo 201 quater del código comicial determina que las cédulas de apoyo del aspirante a candidato independiente a la gubernatura tendrán que pertenecer a ciudadanos con presencia en al menos las dos terceras partes de los municipios que componen la entidad.
Además, recordó que la normativa local establece que “en ningún caso la relación de los ciudadanos por municipio podrá ser menor a 2 por ciento del listado (nominal) que le corresponda”.
Los requisitos de territorialidad también se fijaron para el cargo de diputado y presidente municipal, pese a que la Sala Superior del TEPJF echó abajo ese candado en la elección de 2016 por considerarlo limitante de la participación ciudadana, anotó.
A la par, demandó la ampliación del plazo de 30 días que se confirió a los aspirantes a candidatos sin partido para recabar las firmas, pues la SCJN concluyó que el lapso de 20 días otorgado originalmente era insuficiente, situación que no cambió el Poder Legislativo, ya que solo le sumó 10 más en una enmienda aprobada en 2016.
Acción de inconstitucionalidad y JDC, la salida
León explicó que recurrirá a dos vías para impugnar la reforma electoral en materia de abanderados independientes, una de las cuales consiste en promover una acción de inconstitucionalidad en la SCJN y la otra en presentar un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano (JDC) ante el TEPJF.
Debido a que no tiene personalidad jurídica para refutar la enmienda ante el máximo tribunal de justicia en el país, anticipó que buscará el respaldo de un partido político, comisión de derechos humanos u organización civil para hacerlo a través de estas instancias.
Detalló que podrá solicitarse la intervención del TEPJF hasta que el IEE emita la convocatoria para el registro de candidatos cívicos. “Los que se inscriban estarán en su derecho de interponer un juicio para la protección vía per saltum”.