La primera es el desafío de la Sección 22 de los maestros de Oaxaca. Están dispuestos a bloquear la celebración de comicios. La estrategia empezó la semana pasada: tomaron nuevamente el Zócalo de la ciudad de Oaxaca y marcharon en la ciudad de México. Pidieron lo imposible a cambio de no realizar un paro nacional a partir del 1 de junio, justo una semana antes de la jornada electoral: la aparición con vida de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, dar marcha atrás en la reforma educativa, plazas automáticas para normalistas y aumento salarial del 100 por ciento.
La Sección 22 tiene los recursos para boicotear las elecciones en Oaxaca. Basta con bloquear las once juntas distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) en la entidad días antes de la jornada para impedir que se distribuyan las boletas y los materiales electorales a las 5 mil 228 casillas que se instalarán en todo el estado.
¿Con cuántos maestros se logra eso? Quizá con 50 por oficina de tal forma que la operación requeriría tan sólo de 550. Si hubiese intento de desalojo, entonces podrían llamar a 500 o mil por sede. ¿Tienen 5 mil 500 maestros para tal fin? Por supuesto. La Sección 22 aglutina a más de 81 mil docentes.
Aunque Guerrero es otro foco de riesgo, es apenas amarillo frente a Oaxaca. Ahí la amenaza de boicot se concentra solamente en dos de los nueve distritos de la entidad: Tlapa (distrito 5) y Chilpancingo (distrito 7).
Apagar la tormenta de Oaxaca puede resultar sumamente costoso para la reforma educativa. Significa mantener el régimen de excepción y no aplicar la reforma en esa entidad y alentar la disidencia en otras. (La señal es que paga desacatar las reglas del juego y desafiar a las instituciones). También significa seguir alimentando con dinero y prebendas a la Sección 22, uno de los mayores poderes fácticos del país. (El gobierno estatal solicitó autorización al Congreso local para endeudarse por 2 mil 400 millones de pesos; parte significativa es para financiar las prerrogativas de los disidentes).
La segunda tormenta electoral será el choque inevitable entre el PRD y Morena en el Distrito Federal. Ahí se juega no sólo quiénes serán delegados y asambleístas, sino notoriamente el fondeo de la campaña presidencial de López Obrador en 2018 y la viabilidad de que Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, sea el candidato del PRD en esa elección.
AMLO requiere una base operativa y financiera para los próximos tres años. La delegación Cuauhtémoc es su principal apuesta. Esa demarcación cuenta con un presupuesto de casi 2 mil 500 millones de pesos en 2015; por su parte, el presupuesto de Iztapalapa, la otra apuesta de López Obrador, es de 3 mil 682 millones.
López Obrador tiene arrastre y dos candidatos atractivos en esas delegaciones, pero el PRD tiene más recursos, así como las estructuras clientelares. López Obrador ya anunció que se gesta un fraude y obligó al gobierno del DF a suspender diversos programas sociales después de que varias delegaciones habían repartido miles de despensas, pintura, electrodomésticos, monederos electrónicos a decenas de miles de electores.
Si Morena no gana ninguna delegación, clamará fraude y su confrontación con el PRD escalará. Ricardo Monreal, su candidato en Cuauhtémoc, es uno de los principales artífices de la protesta postelectoral de 2006 y cuenta con amplia experiencia. Ya denunció a su opositor del PRD de haber rebasado el tope de gastos de campaña (2 millones 181 mil pesos). Muñoz Soria también ya acusó a Monreal de lo mismo. En esa delegación, así como Iztapalapa, pueden darse conflictos postelectorales con un ingrediente de violencia de grupos clientelares que viven al amparo de dinero, de permisos (mercados, taxis, tianguis, antros) y de otras formas de corrupción. Ya hubo una muestra en Cuajimalpa cuando huestes del PRD y del PRI se enfrentaron a golpes y palos. Ya ocurrió también en Coyoacán y Tlalpan.
La tercera tormenta electoral será por las elecciones cerradas de gobernador que conducirán a conflictos postelectorales, notablemente en Sonora. Ahí las campañas negativas han sido muy virulentas y las encuestas muestran un empate técnico entre la candidata del PRI y el del PAN. Sadot Sánchez, director jurídico del PRI, denunció la semana pasada que el candidato del PAN ya había rebasado el tope de gastos (49 millones), lo cual anticipa que en caso de perder solicitarán la anulación de los comicios (rebasar topes es una causal en la nueva legislación).
Se comenta que el futuro político de Manlio Fabio Beltrones, promotor de la candidatura de Claudia Pavlovich, así como las aspiraciones de Guillermo Padrés, gobernador del PAN en funciones, dependen de que ganen los candidatos de sus respectivos partidos.
Es probable que varias contiendas de gobernador sean muy competidas y el margen final entre los punteros sea menor a 5 por ciento, el umbral para solicitar anular elecciones en caso de rebase de topes de gastos, de financiamiento ilícito o de compra de cobertura informativa. Como todo eso sucede, los candidatos perdedores (que también habrán cometido algunas de esas infracciones) tendrán todos los incentivos para pedir anular elecciones. El verano será caliente.
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