Atrás de tanto ruido político, hay un caso que no deja de producir información: la corrupción de Oceanografía. Amado Yáñez Osuna, principal accionista de la empresa, se encuentra arraigado en Acapulco, en buena parte por la forma cándida y abundante como empezó a narrar en la PGR del modus operandi que tenía, de sus nexos con ejecutivos de Banamex para que aprobaran sus operaciones financieras con documentos apócrifos y de la red de vínculos políticos y lo que hizo con ellos en oscuros trueques. Tocó lo que nadie se imaginaba que hiciera y una vez que terminó, lo que tenían en sus manos las autoridades era una mina de oro en datos. Lo metieron en un Blackhawk y se lo llevaron a una de sus propiedades en el lujoso fraccionamiento Las Brisas.

Yáñez Osuna mencionó al ejecutivo de Banamex que elaboró manuales de operación con Oceanografía donde no incluía como requisito conciliar la información con Pemex, y que meses después fue contratado por su empresa, lo que va directo al corazón de los controles internos del banco, que vive una convulsión y están en riesgo sus mandos directivos de ser relevados por estadounidenses enviados por su casa matriz Citigroup. También nombró a los gobernadores a quienes financió sus campañas electorales –donde sobresalen panistas-, y cómo esos recursos se fueron tapando con obra pública para Oceanografía.

La mina de información que ha sido Yáñez Osuna es tan rica y variada, que se volvió un problema para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. No por las sorpresas que pudieran encontrar sobre priistas o perredistas involucrados con Oceanografía, sino por todo el lodazal en el cual chapalearon los panistas y esa empresa durante más de 10 años. Las redes de corrupción son tan grandes y tocan personalidades tan notables, que proceder sobre la base de los detalles que está proporcionando uno de los empresarios más consentidos de los años azules, sería el equivalente a declararle la guerra política al PAN y, probablemente, eliminarlo de la contienda presidencial en 2018.

Eso es lo que tiene frenado al gobierno federal en el caso de Oceanografía. Ir al fondo de la corrupción de la empresa, de acuerdo con personas que conocen detalles de lo que está hablando Yáñez Osuna, es tocar el corazón del poder panista. Las redes del empresario se extienden por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, y abarcan las corrientes en pugna por el control del partido. La pregunta de qué es lo que quiere el gobierno de Peña Nieto tiene respuesta: no quiere arruinarle la vida al PAN porque es eliminar a un aliado político indispensable para las reformas que están en las cámaras, y para las que vienen.

La primera señal de las dificultades que enfrentó el gobierno fue cuando tuvieron que decir que la corrupción encontrada fue de 2013. No fue mentira, pero tampoco del todo cierto. El periodo de la principal investigación de Oceanografía que llevó en febrero a su inhabilitación, comprende de 2010 a 2012, tras reactivarse las auditorías en Pemex que fueron congeladas durante el gobierno de Calderón. No mencionar esos años en específico se debió a que el PAN reaccionó con virulencia y amenazó con descarrilar el proceso de aprobación de las leyes secundarias de telecomunicaciones y energéticas, que le urge al gobierno peñista aprobar.

El PAN tiene como rehén al gobierno y lo metió en un dilema ante la opinión pública. No puede utilizar judicialmente toda la información que ha proporcionado Yáñez Osuna sobre panistas y financiamiento ilegal de campañas políticas, porque provocaría una postura homogénea del PAN para enfrentar las acusaciones, que tomaría la forma de sabotaje a las iniciativas de ley peñistas. Pero al mismo tiempo el gobierno despertó tantas expectativas sobre el fondo al que podría llegar la corrupción en Oceanografía, que no proceder contra panistas de renombre sería, en términos de opinión pública y percepciones, tanto como haber negociado con el PAN impunidad.

Para el gobierno de Peña Nieto es un escenario más de costo y beneficio. Hasta ahora, lo que fue demostrado durante todo el año pasado, le ha resultado más benéfico tener al PAN como aliado que como enemigo. Actuar conforme lo marcaría la ley, no está en el interés estratégico del gobierno. Ir contra el PAN, es la lógica imperante, es fortalecer no a la izquierda reformista que fue aliada en el Pacto por México, sino a la izquierda social que encabeza Andrés Manuel López Obrador, quien bajo esa racional sería el gran beneficiado del colapso del PAN, por razones de corrupción, y el rival –directo o indirecto- al que tendrían que enfrentar en 2018. El gobierno no parece listo para ese tipo de adversario.