Blanca Laura Villeda Martínez, quien fuera titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y que hoy funge como juzgado civil de Huejotzingo, prepara una revuelta de togados en contra del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano, tras la detención de su compañero José Alejandro Ramírez Cante el viernes pasado.

La ex procuradora de hierro salió en defensa del juez penal de Huejotzingo y preparó una reunión entre sus compañeras titulares de los juzgados en la zona metropolitana de la capital de Puebla, para plantear con preocupación el trato que está brindando la presidencia del Poder Judicial, ante la cacería de funcionarios públicos que hasta el momento suma ya cuatro jueces investigados o detenidos por la Procuraduría General de Justicia.

Además de la ex procuradora —que saltó a la fama tras el escándalo por la detención y abuso de autoridad del que fue víctima la periodista Lydia Cacho en el sexenio de Mario Marín Torres—, el ex titular del Colegio de Jueces en Puebla, Helmo Mayoral Bello, juez penal de Atlixco, también sumó una reunión para analizar desde qué punto se daría la defensa de su compañero juez.

Y es que a decir de las fuentes de CENTRAL entre los jueces de primera instancia, a José Alejandro Ramírez Cante se le dictará el auto de formal prisión en los próximos días, por lo que los titulares de los juzgados enviarán a una representación ante la presidencia del Tribunal Superior de Justicia para solicitar una audiencia. La PGJ en Puebla exhibió la detención de Ramírez Cante a través de un boletín enviado a las redacciones de los medios de comunicación el domingo pasado.

A Ramírez Cante se le acusa por dictar un auto de formal libertad a favor de dos homicidas. La Fiscalía General Regional a través del agente del ministerio público obtuvo la orden de aprehensión del juez penal de Ciudad Serdán, Carlos Guillermo Ramírez Rodríguez, quien incluso supervisó la detención de su compañero juez el viernes pasado debido a su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, delitos cometidos en la administración de justicia y en otros ramos del poder público.

Fuentes de CENTRAL indican que el caso fue únicamente utilizado para poder proceder en contra de Ramírez Cante, y después, reasignar su plaza a otro juez cómodo para Roberto Flores Toledano, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), como ha ocurrido con otros funcionarios judiciales.

Según la información brindada por la Procuraduría, el 23 de enero del 2013, el juez Ramírez Cante resolvió la situación jurídica de dos personas acusadas de homicidio calificado. El expediente enviado por la PGJ supuestamente no estaba bien integrado por lo que el juez exculpó a los dos acusados de homicidio y les dictó el auto de formal libertad. Sin embargo, el agente del ministerio público encargado del caso apeló y además señaló al funcionario judicial de haber sido coaccionado económicamente para que liberara a los acusados.

Ramírez Cante se suma a la ex juez civil de Teziutlán, Maritza Flores Hernández, quien se encuentra amparada para evitar la orden de aprehensión girada en su contra por la pérdida de expedientes; también se investiga al juez de Tepeaca, José Luis Arenas sobre quien pesa una investigación por evasión de reo y por una serie de irregularidades cometidas por los funcionarios judiciales de su despacho.

El primer caso en la administración de Flores Toledano corresponde a Jesús Sánchez Jiménez, el ex juez de Chiautla de Tapia quien fue detenido e ingresado al penal de San Miguel en Puebla y aunque ya fue liberado, no se le permitió regresar a su plaza.