Un signo de apertura que hubo al principio del actual sexenio es que tras 22 años de estar encarcelado y exiliado del estado de Puebla, en 2011 se permitió el regreso a la capital de Rubén Sarabia, alias Simitrio, el líder histórico de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA). Hoy parece que esa tolerancia está llegando a su fin, pues trascendió que funcionarios del gobierno del estado, encabezados por José Ventura Rodríguez Verdín, estarían buscando activar causas penales contra este dirigente, quien se mantiene alejado del activismo político y social.

Se sabe que Rubén Sarabia ha estado en las últimas semanas intentando tramitar un encuentro con el titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, para que se le acabe de retirar la restricción legal –que se le impuso en el sexenio de Melquiades Morales Flores– que le impide libremente visitar el estado, además de tener actividades políticas y públicas, así como contacto con la prensa.

Pero a la par ha trascendido que el director de Investigaciones Políticas del gobierno del estado, José Ventura Rodríguez Verdín, estaría moviendo algunas influencias en el estado de Tlaxcala para que allá se activen algunos viejos procesos penales que enfrentó el dirigente.

De esa manera se buscaría que aborte la posibilidad de que se le retire a Simitrio de manera formal las restricciones  legales que pesan en su contra, y que han sido cuestionadas por violar las garantías de libre tránsito y libertad de expresión que se supone deben gozar todos los ciudadanos que no están privados de su libertad en un reclusorio.

Lo relevante de que sea Rodríguez Verdín quien está al frente de dicho movimiento es que este personaje, de formación militar, fue quien en 1989, en su calidad de director de Seguridad Pública, detuvo a Simitrio –en la sede de la UPVA 28 de Octubre– y se le acusó de asociación delictuosa y secuestro, junto con los ilícitos de posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y de estupefacientes. Por esos cargos el otrora poderoso dirigente de la organización popular más importante que ha habido en Puebla fue sentenciado a una larga condena.

La defensa de Simitrio siempre sostuvo que el gobierno del entonces gobernador Mariano Piña Olaya había mandado a “sembrar” falsas pruebas contra el dirigente, por medio de Rodríguez Verdín, en venganza porque el líder de la UPVA se había negado a replegarse a las intereses políticos del entonces jefe del Poder Ejecutivo. Esa situación provocó un largo encarcelamiento, que incluyó estar en los penales de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, y de Almoloya, en el estado de México, en donde enfrentó tortura física y psicológica.

Durante el gobierno de Melquiades Morales Flores, luego de una larga e intensa lucha de la UPVA, se logró que el gobierno del estado accediera a la excarcelación de Rubén Sarabia, pero se le impusieron medidas de restricción para que no regresara a Puebla, pese a que organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que esas condiciones violan las garantías constitucionales.

El 16 de febrero de 2011 Simitrio acudió a la ceremonia en donde Eduardo Rivera Pérez rindió protesta como alcalde de la ciudad de Puebla, lo que representó su reaparición pública en la capital y un signo de apertura democrática del recién estrenado gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas. Aunque esa visita se dio sin que se acabara de levantar de manera formal el acuerdo que establece las restricciones legales que pesan contra el fundador de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre.

Ahora no se sabe qué pasa con el asunto de Simitrio, ya que sería un grave precedente para el tema del respeto de los derechos humanos que el gobierno del estado estuviera buscando dar marcha atrás a la decisión de permitir que Rubén Sarabia haga su vida normal en la entidad poblana, junto con su familia.

Es fundamental preguntarse si José Ventura Rodríguez Verdín recibió órdenes superiores para buscar reactivar causas penales contra el ex dirigente de vendedores ambulantes.

Sería también muy grave que Rodríguez Verdín estuviera haciendo tales gestorías sin  el visto bueno de las autoridades del Poder Ejecutivo, ya que significaría que el director de Investigaciones Políticas ejerce un poder especial al margen de sus jefes superiores.

Lo más preocupante, sin duda, es que el gobierno quisiera abandonar la tolerancia que ha mostrado con Simitrio, porque reforzaría la conducción autoritaria que ejerce el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, que en los últimos años no ha dado muestras de tener mucho respeto por los derechos humanos.

Otro asunto preocupante es que todavía siga vigente en el gobierno del estado un personaje tan siniestro como José Ventura Rodríguez Verdín, quien fue de los primeros funcionarios públicos que apareció en las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando el organismo se creó en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Quien revivió a Verdín, luego de que había sido relegado en sexenios anteriores, fue Mario Rincón, en la época en que el segundo de estos personajes fue subsecretario de gobierno.

Algo que se comenta en el gobierno es que Rodríguez Verdín, aparte de ser el titular de la Dirección de Investigaciones Políticas, intervendría en una red de tráfico de influencias ante algunos jueces, en la que participan dos personajes de apellidos Hernández y Fierro, y que se dedicarían a liberar a presos que les falta una parte de su sentencia.

Poco se ha sabido de ello, y para el bien de Puebla ojalá sea mentira, ya que sería de terribles consecuencias que un funcionario con fama de represor también tramitara la liberación de presos.