El principal saldo del resultado electoral del pasado 7 de julio es que se ha consolidado el poder autocrático del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, quien de ahora en adelante no solamente seguirá controlando a los tres poderes públicos del estado, así como a los organismos descentralizados, sino que también ha dejado en claro que él solamente hace política en Puebla y como parte de esa actitud acabó con la pluralidad interna de todos los partidos políticos en la entidad. Algo que no sucedía por lo menos desde el gobierno de Alfredo Toxqui Fernández de Lara, en los años 70.

La administración de Moreno Valle transitó de un comportamiento autoritario –que caracterizó a los gobiernos priistas que lo antecedieron– a una posición  autocrática, la cual se define como el gobierno que recae en una sola persona, que no tiene límites y no necesita de ninguna otra fuerza política para gobernar.

Y es que contrario a lo que se piensa de que el PRI es el principal damnificado por el resultado electoral del pasado 7 de julio, todo apunta a que en el mediano plazo la fuerza política que más va a sufrir la actitud autocrática del mandatario es su propio partido, el PAN, ya que por enésima vez lo usó para contender en un proceso electoral, pero de nueva cuenta se alista a olvidarlo, marginarlo y perseguir a algunos de sus integrantes que sean críticos del Poder Ejecutivo.

Ejemplo de lo anterior es que aunque por primera vez en su historia el PAN –por medio de la coalición Puebla Unida– ganó la elección en casi todos los distritos del estado, algo que parecía imposible apenas hace unos cuantos años, no será ningún panista el que encabece el Congreso.

Si nos atenemos a la distribución de fuerzas que existe en la coalición Compromiso por Puebla resulta que al Congreso llegarán 14 diputados que formalmente fueron postulados por el PAN, seis por el PRD –aunque cuatro son ajenos en todo a esta fuerza política–, cuatro por el Partido Nueva Alianza y dos por Compromiso por Puebla, lo cual planteaba que como mínimo los panistas tendrían que tener control del Poder Legislativo. Eso no será así.

El Congreso será controlado por Fernando Manzanilla Prieto, Jorge Aguilar Chedraui y Patricia Leal, quienes tienen como principal característica que aunque fueron candidatos panistas en realidad son personajes ajenos al PAN; le deben el inicio de sus carreras políticas a gobiernos del PRI y son parte del equipo personal de Rafael Moreno Valle Rosas. Ninguno de ellos hace política por sí solo, únicamente se dedican a obedecer ciegamente al mandatario y por esa razón los puede cambiar de cargo o responsabilidad en el momento en que lo decida y sin permitir la más mínima objeción.

Otro ejemplo es la actitud asumida por Antonio Gali Fayad, el ganador de la alcaldía de Puebla, quien a lo largo de la campaña electoral se mostró como panista, pero apenas unos días después de que ganó las votaciones sin ningún pudor definió que no se va a afiliar al Partido Acción Nacional u a otra de las agrupaciones políticas que lo postularon.

Gali, de antecedentes priistas, a diferencia del actual edil Eduardo Rivera Pérez, no va a llegar a encabezar el ayuntamiento con panistas, sino con un equipo de trabajo que le autoricen desde el Poder Ejecutivo, ya que su actitud seguirá siendo la de ser parte del círculo cercano a Moreno Valle, pero nunca la de ser un gobernante que dialoga, disiente o llega a acuerdos con el mandatario, al que seguirá viendo como su jefe.

Eduardo Rivera, a lo largo del actual trienio, tuvo el enorme mérito de haber impreso a su gobierno un sello personal, de haber sido una administración municipal basada en los preceptos de Acción Nacional, que estuvo encabezada por panistas y que hizo obras y emprendió proyectos al margen de las directrices del Poder Ejecutivo. Ese comportamiento desde ahora se percibe que no ocurrirá con Gali Fayad.

Otro hecho significativo es que antes de la elección haya claudicado la principal crítica de Moreno Valle, la ex secretaria de Desarrollo Social del gobierno federal Ana Teresa Aranda, a quien se le vio apoyando a Antonio Gali Fayad, pese a que este último era un arribista en el Partido Acción Nacional.

Los únicos críticos que quedaron en el albiazul son la ex diputada federal Violeta Lagunes y el ex funcionario municipal Miguel Ángel Labastida, quienes cuestionaron que en el PAN no se cumplió con las normas estatutarias para postular a Antonio Gali. Se sabe que en ese partido ya se están preparando sendos recursos para buscar echarlos del albiazul, no por su actitud rebelde, sino porque atacaban los intereses del gobernador.

Con ello el PAN ha perdido la capacidad crítica y de generación de propuestas de gobierno que le caracterizó en las últimas cuatro décadas y que le permitía, aunque tuviera una presencia mínima en el Congreso, ganar importantes espacios de opinión pública y verse siempre como una fuerza de derecha, pero con valores democráticos y que buscaba la modernidad política.

Esa condición crítica por la que pasa el PAN también se observa en el PRI y el PRD. De los nueve legisladores que tendrá el tricolor, luego de Pablo Fernández del Campo, el actual dirigente del tricolor, el resto no tiene los tamaños para asumir el papel de opositores, pues unos son bisoños y frívolos, como José Chedraui Budib, Juan Carlos Natale y Geraldine González Cervantes; y otros de plano son controlados por el gobierno del estado, como son los casos de Silvia Tanús Osorio, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, Rosalío Zanatta Vidaurri y Leobardo Soto Martínez.

En el PRD el panorama es desolador. Aunque habrá seis diputados locales supuestamente propuestos por este partido, la mayoría son ex priistas controlados por Moreno Valle Rosas, y solamente hay dos auténticos militantes de dicha expresión política: Socorro Quezada y Julián Rendón. La primera es manejada por la corriente Nueva Izquierda, que es la que vendió al partido al morenovallismo, y el segundo de ellos es un ex empleado del gobierno del estado.

Por tanto, el PRD será un cero a la izquierda.