Más allá del resultado que arrojen los comicios del próximo 7 de julio, el actual proceso electoral tiene la característica de que regresaron una serie de prácticas viciadas que parecían superadas, que hacen sospechar que se prepara un fraude a favor de algunos candidatos de la coalición Puebla Unida consistente en controlar a un segmento importante de electores en las urnas y establecer plazos “muertos” en la información de las votaciones para poder manipular los resultados; así como contratar empresas de dudosa calidad que manejarán componentes básicos de la contienda. La desconfianza que existe se acrecienta por el papel cómplice de los árbitros que regulan la lucha por las alcaldías y las diputaciones.

Sin duda las sospechas de que no habrá un juego limpio el próximo 7 de julio se han potenciado por la burda tentativa que hubo del Instituto Estatal Electoral (IEE) de imponer la posibilidad de que candidatos pudieran declinar por un adversario hasta el 3 de julio, y al mismo tiempo le cedieran sus votos obtenidos en las urnas. Aunque ayer el IEE reculó de esa posibilidad –luego de que el presidente del organismo Armando Guerrero Ramírez lo diera a conocer en una entrevista a un medio impreso–, quedó claro que ese proyecto se manejó con la intención de buscar hacer ganar con trampas al candidato a edil de Puebla Unida, Antonio Gali Fayad.

Lo que se quiso intentar  con esa maniobra es que el candidato del Partido del Trabajo, Miguel Ángel Ceballos López, declinara el 3 de julio y su nombre apareciera en las boletas, para que posteriormente los sufragios obtenidos fueran sumados al aspirante de Puebla Unida, Antonio Gali Fayad.

La mayoría de los sondeos serios que se han hecho de la contienda en la capital indican que habrá un resultado muy apretado entre el candidato del PRI–PVEM, Enrique Agüera Ibáñez, y Antonio Gali Fayad; por lo cual 3 o 4 por ciento de los sufragios que tiene posibilidades de obtener Ceballos podían haber sido el fiel de la balanza a favor de Gali, en caso que se hubiera permitido que el abanderado del PT declinara por su homólogo de Puebla Unida.

Aunque la inconformidad del PRI frenó el proyecto del IEE de permitir que candidatos cedan sus votos a otros contendientes, siguen vigentes una serie de medidas avaladas por el instituto, que se han ido aprobado paulatinamente, y parecen estar diseñadas para permitir la crónica de un fraude anunciado.

Las dos principales medidas que generan esa incertidumbre es el acuerdo, de la semana pasada, de que se permitirá que los electores puedan acudir a las urnas con teléfonos celulares o cámaras fotográficas o de video; así como el retraso que habrá del Programa de Resultados Preliminares (PREP) para ir dando a conocer las cifras de las votaciones.

En los comicios de 2010, por presión de los partidos que en ese entonces eran de oposición, es decir el PAN y el PRD, se logró que el IEE prohibiera el uso de aparatos electrónicos en las casillas como una manera de garantizar la secrecia y libertad del voto, pues de sobra es conocido que en el proceso de compra de sufragios se obliga a la gente a demostrar que votó por una determina opción política.

Ahora en esta ocasión se ha dejado a discreción de los presidentes de las mesas directivas de las casillas que permitan la presencia de aparatos que pueden grabar video o tomar fotos. Lo cual genera la sospecha de se volverá a la práctica de compra de sufragios y es necesario verificar que la gente que acepte ser manipulada demuestre que tachó las boletas por ciertos candidatos. Lo interesante es que ahora ni el PAN ni el PRD han objetado esa medida.

Un elemento fundamental que dio certeza y estabilidad a la elección de 2010, en la cual por primera vez el PRI perdió la gubernatura, la mayoría del Congreso y las principales alcaldías del estado, es que el PREP fue eficiente y dio cifras confiables, de tal manera que entre las 2 y las 3 de la madrugada del lunes 5 de julio de ese año ya se sabía que Rafael Moreno Valle Rosas le llevaba una ventaja de más de 200 mil votos a Javier López Zavala, a quien derrotó en la lucha por la titularidad del Poder Ejecutivo.

Para las votaciones del próximo 7 de julio se utilizará a la empresa Proisi que en Puebla, Veracruz y Guerrero, ha generado conflictos por entregar con mucho atraso los resultados que se vierten en el PREP. Lo cual hace suponer que se contrató a esta compañía con la intención de que falle el sistema y eso permita en la madrugada del día siguiente a los comicios, poder arreglar las cifras de las votaciones.

Podría pasar algo parecido a lo del año pasado, que en la tarde–noche del día de la elección presidencial iban ganado en la ciudad de Puebla los candidatos de las izquierdas, y en la madrugada, de manera poco clara, hubo una voltereta en los resultados y pudieron ganar aspirantes del PAN, como fue el caso de Javier Lozano Alarcón, quien de esa manera llegó a ocupar un lugar en el Senado.

A todo lo anterior se debe sumar la contratación de Litho Formas para imprimir las boletas electorales y que a principios de la década pasada esta empresa fue investigada por la entrega de supuestos sobornos para que le dieran contratos similares, por parte de las autoridades electorales en turno.

La “cereza del pastel” son los consejeros del IEE, que no discuten ni debaten lo que se aprueba ese órgano, que no ocultan su subordinación al Poder Ejecutivo y que cuando se trata de resolver inconformidades del PRI retrasan los dictámenes, a diferencia de los recursos de Puebla Unida que son tratados con celeridad y cuidado.

Y estos consejeros han hecho mutis a las campañas adelantadas de Puebla Unida y del activismo del mandatario Rafael Moreno Valle Rosas, quien sin ninguna dificultad realiza labores de gobierno para beneficio de la imagen de los candidatos de la coalición PAN, PRD, Panal y Compromiso por Puebla.

En resumen, en  esta elección se regresó a los viejos tiempos de la alquimia electoral, solamente que ahora los operadores no son tricolores sino albiazules.