Una muestra de cómo el gobierno del estado discrimina a los empresarios poblanos es lo que ha pasado en los dos últimos años con el manejo de la plaza de toros El Relicario, pues este año dicho inmueble estuvo concesionado a Alejandro Martínez Vértiz, a quien le dieron ese beneficio como resultado de la intervención a su favor del ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, a quien le bastó solamente hacer una llamada telefónica al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas para que le adjudicaran el coso sin ninguna licitación.


En cambio el dueño de la empresa Protauro, el poblano Juan Huerta Ortega, en 2011 ganó el concurso de licitación para realizar 10 corridas en El Relicario, y ese asunto se convirtió en un martirio que ha durado 11 meses, en los cuales le entregaron el inmueble sin la lona que servía de techo, nunca se arregló ese desperfecto pese a que había recursos –pagados por una aseguradora– para ese propósito; no lo dejaron realizar las tres últimas corridas, le han negado el pago de indemnización por el daño causado por la suspensión de los actos en cuestión, y le acabaron quitando la plaza de manera arbitraria.
Es decir a un empresario ligado a Pedro Aspe le dieron todas las facilidades, y a Juan Huerta, cuya familia tiene una larga tradición taurina, le ha tocado sufrir una larga lista de abusos que han provenido fundamentalmente de José Gustavo Fernández Cortes, quien era subsecretario de Administración del Patrimonio, Recursos Humanos y Materiales de la extinta Secretaría de Administración.
Se sabe que a principios de este año el poderoso Pedro Aspe Armella, quien fue secretario de Hacienda en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, le llamó al gobernador para pedirle que la concesión de El Relicario fuera para Alejandro Martínez Vértiz, con quien guarda una estrecha relación, pues ambos son parte del Consejo de Administración de Protego Asesores, una importante empresa financiera.

Con ese simple llamado de Aspe se dice que fue suficiente para que Rafael Moreno Valle le diera la orden a José Cabalán Macari, que en ese entonces era titular de la ahora desaparecida Secretaría de Administración, para que le dieran El Relicario sin que mediara una licitación a Alejandro Martínez Vértiz, quien es propietario de la empresa de productos lácteos Lyncott.

El martirio de Juan Huerta

Proporcionalmente inverso a las facilidades que tuvo Alejandro Martínez Vértiz para hacerse cargo de El Relicario, el empresario Juan Huerta ha sufrido un largo camino de abusos que comenzaron cuando en 2011 concursó y ganó la licitación GSALC–001/2011, en la cual le daban la concesión para realizar 10 corridas de toros en El Relicario en una temporada que iniciaba el 5 de septiembre de ese año y concluía el 31 de agosto de 2102. Para ello se vio obligado a realizar –el 31 de agosto de 2011– un pago que incluía 120 mil pesos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), pues así lo establecían las bases, y cumplir con una “cláusula de seriedad” que le implicó entregar un depósito de 75 mil pesos a las arcas del gobierno del estado.
Todo parecía normal y se programó la primera corrida para el 3 de febrero de 2012, a beneficio de un fotógrafo taurino de Puebla. Sin embargo, un día antes cayó una granizada atípica que acabó con el manteado de la plaza, lo cual provocó la suspensión del acto. Luego del percance se presentó en el inmueble el director de Bienes e Inmuebles del gobierno del estado, Jesús Vaquero, quien se hizo acompañar de un ajustador de la empresa de seguros Axa, quien evaluó el daño en un millón 300 mil pesos.

Un mes más tarde, cuando se esperaba que se reparara el manteado, vino una orden del subsecretario José Gustavo Fernández Cortes para que no se repusiera la lona que fungía de techo, pues les pidió a los directivos de Protauro que el dinero del seguro se utilizara para remodelar la plaza, al tiempo les comunicó que la feria anual de Puebla se había adelantado un mes e iniciaría en abril de 2012.

Al final le supuesta remodelación consistió en comprar tres botes de pintura que se usaron en algunas áreas de la plaza, en donde nunca se repuso el manteado y no se supo el destino que se dio al dinero del seguro. Los directivos de Protauro se vieron afectados porque no pudieron realizar 3 de las 10 corridas a las que tenían derecho.

Para intentar compensar los directivos de Protauro solicitaron a la Secretaría de Administración la posibilidad de ampliar la temporada de corridas para noviembre de ese año, con la presencia de toreros españoles –como el Juli, Pablo Hermoso y Diego Ventura, entre otros– quienes para esa temporada iban a estar inactivos por la presencia del invierno en Europa.

El día 3 de agosto de ese año, Juan Huerta y sus socios fueron citados por José Gustavo Fernández Cortes. Los empresarios creyeron que el encuentro era para darles respuesta a su petición, y resultó que los atendió el abogado Javier Ramírez Chantres, quien le notificó que en el Periodo Oficial del estado había aparecido un decreto para conseguir “el rescate” de El Relicario, lo cual significaba quitarles la concesión 23 días antes del plazo oficial y no dejarlos reponer las 3 corridas que les faltaban.

Para su sorpresa el gobierno les respondió además que en las concesiones no se cobra IVA y por tanto no les iba a devolver, o reconocer mediante una factura o recibo, el pago de 120 mil pesos que Protauro erogó por concepto del Impuesto al Valor Agregado.

Los empresarios exigieron una compensación, el cheque garantía de 75 mil pesos y el IVA, a lo cual les respondieron que se les pagarían en un plazo máximo de seis meses. La cantidad que reclamaban los dueños de Protauro era de cerca de 500 mil pesos. Sin embargo se venció el plazo y nunca les cumplieron.

Debido a que Juan Huerta amenazó con vetar la plaza de El Relicario ante las asociaciones taurinas y de cría de toros por el adeudo que enfrenta, el 27 de marzo de este año, Gustavo Fernández accedió a firmar un acuerdo con los afectados, en el cual sólo reconoce una deuda de 174 mil pesos.

Cuando los representantes de Protauro fueron a la Secretaría de Finanzas a cobrar les notificaron que nadie notificó el adeudo en cuestión y por tanto es la fecha que no se cubre. Los afectados procederán jurídicamente contra el Poder Ejecutivo, ya no tanto para recuperar el dinero, sino para cobrarse el agravio que han sufrido.