Conciencia Social

  • Rocío García Olmedo
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha reconocido el abuso y el maltrato a la vejez como un grave asunto de salud pública y una grave violación a los derechos humanos, de ahí que desde  el 15 de junio de 2009, se conmemora el Día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez. El objetivo es crear una conciencia social y política de la existencia del maltrato y abuso producido a las personas ancianas, junto con la idea de que es algo inaceptable, que presenta múltiples formas, y que se puede prevenir.

Lo refiero, derivado de que México, presenta una dinámica acelerada que está invirtiendo la pirámide poblacional. De acuerdo a proyecciones demográficas del Consejo Nacional de Poblacional (Conapo), para el 2020 en México habrá 14 millones de adultos mayores que representarán el 12.1 % de la población total.

Esto convierte al fenómeno como un asunto de atención urgente que merece ser visibilizado y atendido mediante la instrumentación de políticas públicas dirigidas a este sector de la población, para prevenir la serie de problemáticas a las que el Estado mexicano tendrá que dar respuestas, más allá de aquellas políticas de corte asistencialista.

De acuerdo a cifras oficiales de CONAPO del total de la población actual en México 9.4 millones son adultos/as mayores, 35 % de ellos/as, no cuentan con seguridad social; si para el año 2020 habrá -en base a las distintas proyecciones- alrededor de 14 millones de adultos mayores, estaríamos también hablando de que prácticamente la mitad de la población adulta mayor en México, no tendrá una cobertura social que los y las proteja.

Si el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) ha reportado que el 80 % de adultos de edad avanzada en México vive con alguna carencia económica y social y que el 82.2 % experimenta algún grado de pobreza multidimensional, que les impide disfrutar de una vida digna y decorosa; que sólo el 17.2% de personas de la tercera edad no vive en condiciones de pobreza y/o de vulnerabilidad social; que sólo el 20% percibe alguna pensión por alguna institución de seguridad social, cuya retribución es tan baja que les impide solventar integralmente sus gastos;  esto nos habla que hay ya, un empobrecimiento crónico de hombres y mujeres este grupo de edad, que por supuesto afecta más a las mujeres; y que obliga al Estado a generar condiciones para que los adultos mayores, justamente disfruten de una vida digna y decorosa.

Si sabemos que uno de los mayores flagelos que vive la sociedad es la violencia y que los factores que hacen del adulto/a mayor una persona vulnerable, que los hace más sensibles a la violencia, al maltrato, a descuido y a la explotación; producidos por la pérdida del rol social, la baja autoestima y los niveles de dependencia derivados de alguna patología que se convierten en factores de riesgo;  y que los agravios a los que se ven sujetos/as este sector de la población, no son denunciados, porque se convierten físicamente en dependientes, al terminar su fase económicamente activa; me parece que hay que empezar a revisar las acciones actualmente instrumentadas en este rubro.

De acuerdo al INEGI, entre 2004 y 2008 se registraron 53 mil muertes violentas entre la población de adultos/as mayores. En ese mismo período, más de 2,300 se quitaron la vida, lo que da cuenta del maltrato psicológico, el abandono y la depresión del que son víctimas muchos de nuestros ancianos/as, lo que se traduce en  la urgencia de crear una conciencia social para que autoridades y sociedad en su conjunto generemos las acciones de prevención indispensables para proteger los derechos humanos a este sector de la población que va en aumento en México.

Fuente: Montes de Oca Zavala Verónica; Modelo de atención integral en la salud para adultos mayores maltratados. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, INSP, 2009.

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Rocío García Olmedo

Abogada, Notaria (BUAP) Maestra en Políticas Públicas y Género (FLACSO). Académica del ICJ. Regidora, Diputada local (2), Diputada Federal. Fundadora Asociación Mujeres Abogadas. Miembro de diversas organizaciones feministas.