Debido al relanzamiento de la reforma energética, han cobrado fuerza los argumentos de quienes se oponen a la privatización (total o parcial, abierta o disfrazada, dicen) de PEMEX, y los de quienes se pronuncian en favor de una “reforma” (que no privatización, aclaran) absolutamente necesaria para la modernización de nuestra economía. De parte de estos últimos se esgrimen ejemplos “exitosos” como el caso de Brasil, y se responsabiliza a la oposición de haberse quedado anclada en el pasado, defendiendo un concepto ya rebasado por la historia reciente y, por lo mismo, totalmente hueco, vacío de contenido social y económico y sin más utilidad que halagar a la masa con la trillada cantinela del “nacionalismo revolucionario” y de la “soberanía nacional”. Los acusan de padecer el síndrome de un nacionalismo “trasnochado”
A mí me parece, sin embargo, que ambos puntos de vista (al menos en sus pronunciamientos públicos) cometen el mismo error, que son víctimas del mismo vicio discursivo al limitarse a arañar la cubierta del problema sin decidirse a descender a las entrañas del mismo para mostrar a la opinión pública con números, con cuentas claras, precisas e inobjetables, en qué y en cuánto dinero contante y sonante su propuesta supera a la del adversario y, sobre todo, quién o quiénes, y por qué vías, serán los auténticos beneficiarios de los mejores resultados obtenidos. En vez de eso, unos y otros se limitan a recoger los epítetos, los adjetivos y las descalificaciones del campo enemigo, y tratan de responderlos y neutralizarlos con otros epítetos y otras descalificaciones similares. Pero ninguno da muestras de querer ir más allá de lo superficial, de situarse en el terreno de lo sustantivo, de lo que verdaderamente interesa, o debe interesar, a quien quiera entender la médula de las diferencias y tomar partido por una u otra posición con suficientes elementos de juicio.
Pero esa sustantividad existe y es absolutamente necesario que el pueblo la conozca en forma completa y detallada, ya que asciende, como dije, a varios miles de millones de pesos de más o de menos, según que nos ubiquemos en una u otra visión del problema. En efecto, cualquiera entiende que los opositores a la reforma no defienden el puro concepto abstracto de nacionalismo como dicen sus detractores; que lo que realmente les preocupa es que, de acuerdo con una lógica económica de párvulos, si PEMEX o cualquier otro bien de la nación se privatiza, en el grado y manera que sea, las utilidades que reporte a partir de ese momento serán propiedad legítima (en todo o en parte) de sus dueños, e irán a incrementar, en la proporción correspondiente, la fortuna privada, el lujo y el despilfarro de esos mismos dueños, en desmedro de la parte correspondiente a la nación. Por tanto, no es pura ideología rancia, ni ganas de enturbiarle el agua a nadie, el que esa gente se pregunte: Si se impone la reforma, ¿cómo, por qué caminos, por qué vías el pueblo, las mayorías trabajadoras empobrecidas van a ser beneficiadas con ella? ¿Será todo resultado automático del incremento de las ganancias gracias a un manejo más eficiente y más honrado del negocio? Pero la experiencia mundial disponible desmiente tal distribución automática de los beneficios. ¿Hará falta, entonces, garantizarla mediante mecanismos legales diseñados exprofeso? ¿Y cuáles son esos mecanismos en la propuesta de los reformadores? ¿O se piensa, quizá, en un ingreso mayor para el erario nacional mediante una mayor tributación de la nueva empresa? Pero eso no parece creíble a la luz de los privilegios fiscales de que ya hoy disfrutan los gigantes económicos. ¿Será diferente en el caso de PEMEX? Parece, pues, que hay razón suficiente para que los “nacionalistas trasnochados” se opongan a la reforma.
Pero, por otra parte, los “reformistas” tampoco dicen disparates cuando insisten en que PEMEX necesita de una sustancial inyección de capital que, junto con un manejo técnico más eficiente y una administración más profesional, incrementen las reservas probadas de hidrocarburos y eleven sustancialmente las utilidades si queremos modernizar y vigorizar nuestra economía. Y más razón tienen cuando afirman que, tal como están las cosas hoy, no es el pueblo mexicano quien más se beneficia con las ganancias petroleras, sino la burocracia corrupta que las administra en su provecho, diligentemente apoyada y ayudada por el sindicalismo charro y hasta por el crimen organizado que “ordeña” los ductos de PEMEX. Así pues, tampoco pueden desecharse estas razones recurriendo sólo a la descalificación y a las adjetivaciones. Hace falta un esfuerzo mayor.
Por tanto, insisto: la cuestión requiere, primero, demostrar matemáticamente cuál de las dos propuestas garantiza la mayor eficiencia en materia de utilidades; segundo, precisar cómo, mediante qué mecanismos, se distribuirán dichas utilidades, teniendo en mente que ahora intervienen intereses privados. En la empresa pública no hay duda: poca o mucha, la utilidad neta va directamente al erario nacional y de ahí (probablemente) a mejorar el nivel de bienestar de la población; en la empresa privada la ganancia, en todo o en parte, va a manos privadas, y es necesario, por tanto, convenir previamente cómo y por qué caminos se dividirían los beneficios entre el capital y la nación. En cuanto a la corrupción burocrática y sindical y a la necesidad de su erradicación, tampoco cabe discusión alguna; pero el problema es que de tales verdades no se desprende en automático la necesidad de inyectar capital privado y administración privada a la empresa. Si así fuera, habríamos de preguntar dónde quedan las promesas de combate sin cuartel a la corrupción nacional, pues resulta inevitable pensar que, si no podemos sanear a PEMEX sin ayuda privada, menos podremos hacerlo con el país entero.
En conclusión, creo que está claro que de ambas partes se dicen (o mejor dicho, se defienden por implicación) puntos de vista y argumentos sólidos, incuestionables e imposibles de ignorar y derrotar con una simple lluvia de descalificaciones. Por lo tanto, la única manera válida (y útil para la nación) de zanjar el diferendo, es que cada quien aplique la aritmética a su propuesta, demuestre la superioridad cuantitativa de sus resultados y precise la naturaleza y eficacia de los mecanismos de distribución equitativa de las mayores utilidades resultantes. De ese modo quedará probada irrefutablemente la superioridad de la propuesta mejor, y la opinión pública podrá tomar una decisión informada, sin tener que partir de una profesión de fe ideológica o, peor aún, obligado por el miedo al poder, por la conveniencia egoísta o por el arribismo político. ¡Sería un verdadero milagro!
Tecomatlán, Puebla, a 4 de junio de 2013
